Los panameñistas han logrado manejar con bastante discreción sus roces internos desde que llegaron como cogobernantes en la Alianza por el Cambio, pero esta última semana han salido a relucir algunas voces de dirigentes que reclaman más plazas de empleos y piden la reactivación de los organismos de consulta del partido.

Los primeros estallidos han surgido de la dirigencia de Bocas del Toro, cuyo jefe del directorio nacional, Víctor Torres, se declaró como opositor de la Ley 30 y reclamó una postura más crítica de la dirigencia del colectivo con respecto a esta norma. En Veraguas, el dirigente Nelson Pineda, junto con otros miembros de base, reclamó más plazas de empleos porque se siente desplazado por afiliados de Cambio Democrático en los puestos de trabajo en el Gobierno.

En Colón, tras la separación del alcalde, Dámaso García, un grupo de panameñistas protestó porque considera que la dirigencia no lo defendió en un proceso que calificaron como político más que judicial.

Con un  presupuesto de 3 millones de dólares  el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT)  llevará adelante parte del programa de "urgencia notoria"  mediante el cual se realizarán reparaciones  en varios inmuebles en la provincia de Colón.

Convencionales del Partido Panameñista de la provincia de Colón solicitaron al presidente de este colectivo y vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, mayores oportunidades de empleo para sus bases, como la restitución del alcalde separado de Colón, Dámaso Reynaldo García.