‘Procuraduría Paralela’ piezas clave en armar casos.

La prueba sería una serie de documentos divulgados por el diario “La Estrella de Panamá”, en los que se relata todo el esquema que montó Rogelio Saltarín, consultor privado y abogado del mandatario Juan Carlos Varela, quien tras un contrato por $385 mil 200 en 18 meses de gestión efectuó 153 reuniones con 29 instituciones del Estado para recabar material probatorio para las querellas penales que serían presentadas en la Procuraduría.

Varios funcionarios de la administración Varela podrían enfrentar procesos penales, a partir de julio de 2019, por facilitar la operación –al margen de la ley- de una “Procuraduría Paralela” a cargo de un particular, desde la cual se armaron los casos contra funcionarios del gobierno martinellista. Hubo al menos 25 reuniones con el Consejo de Seguridad a cargo del comisionado Rolando López Pérez y que tenía entre sus principales colaboradores en esa agencia de inteligencia presidencial a la hoy procuradora, Kenia Porcell, y al actual ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt.

El contrato fue con el Ministerio de la Presidencia, a cargo para esa fecha de Álvaro Alemán, entre los participantes de reuniones en las que se armaron los casos estaban Alexis Bethancourt (como director de la UAF), Rafael Stanziola (PAN), Jorge Arango (Mida), Autoridad de Innovación (Irving Halmann), Ada Romero (Ampyme), Ramón Arosemena (MOP), el asesor presidencial Francisco Sierra, Fernando Berguido, Autoridad de Turismo (Jesús Sierra), el contralor Federico Humbert, personal de la Caja de Ahorros (Mario Rojas), AMP (Jorge Barakat), Autoridad de Aseo (Eladio Guardia), Tocumen S.A. (Joseph Fidanque).

Además se reportan diversas reuniones con Kenia Porcell, tanto como subjefa del Consejo de Seguridad como ya ejerciendo como procuradora de la nación. Según “La Estrella de Panamá”, quedan dudas sobre la forma en que Saltarín obtenía las pruebas para armar las querellas. “En el procedimiento, el Consejo de Seguridad aportaba las pruebas y luego presionaba a los jueces y fiscales”, reveló un abogado penalista al diario.

Saltarín se reunía una vez al mes con el entonces ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, con el fin de reportar las acciones cumplidas y coordinar las del próximo mes. Por su parte, el exministro José Raúl Mulino dijo que está “guardando cada ejemplar de La Decana porque serán de gran utilidad desde el 1 de julio del otro año. Recomiendo al procurador de la administración lo mismo. No veo cómo no vaya a actuar”.

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